期刊名称:Revista Internacional de Contaminación Ambiental
印刷版ISSN:0188-4999
出版年度:2015
卷号:31
期号:2
页码:195-209
语种:Spanish
出版社:Centro de Ciencias de la Atmósfera
摘要:Las acciones judiciales de protección al ambiente constituyen una alternativa para lograr la adopción de políticas públicas que tiendan a disminuir la contaminación de las aguas fluviales y la degradación de las cuencas hidrográficas, que son una problemática mundial cada vez más común y compleja que involucra la vulneración de los derechos humanos. En este trabajo se desarrolla un análisis del caso concreto de la cuenca hidrográfica del río Bogotá- CHRB, en el que se produjo un fallo judicial que incluye una estrategia para su recuperación. Asimismo, se desarrolla una reflexión teórica a partir del contenido, información secundaria y resultados de una encuesta semi-estructurada realizada en los municipios de la cuenca. Este caso evidencia algunas fortalezas derivadas de la judicialización de un conflicto ambiental, en la medida que otorga la oportunidad de reunir a los actores involucrados y promover la construcción conjunta de soluciones. Adicionalmente, se corrobora la importancia de las acciones colectivas como medio para promover la formulación de políticas públicas y la adopción de medidas para la protección del ambiente y los derechos colectivos, fundamentales en una comunidad.
其他摘要:Legal actions for environmental protection are an alternative to achieve the adoption of public policies to reduce and control pollution of rivers and degradation of the watersheds, that is an increasingly common and complex world problem involving breach human rights. This paper analyzes the case of Bogota River watershed, for which there was a court ruling that included a comprehensive strategy for its recovery. This work develops a theoretical reflection from the content thereof, and from secondary information and results of a semi-structured survey on the municipalities of the watershed as well. This case demonstrates that some forces arise when an environmental conflict is taken to court, as it gives the opportunity to bring together stakeholders and promote joint solutions. It also confirms the importance of collective action as a means to promote the formulation of public policies and measures for protection of the environment and of the collective and fundamental rights of the community.